El gobernador Marcelo Orrego anunció ayer su segunda medida de ajuste: la revocación de los nombramientos a planta permanente del personal que no haya cumplido los seis meses de antigüedad y la no renovación de los contratos de colaboración de servicios de los trabajadores temporarios. Según manifestó, son alrededor de 2.000 empleados, cuyas remuneraciones implican un desembolso de 10 mil millones de pesos en un año, de acuerdo a los valores actuales. El otro recorte que el mandatario provincial dijo que ya puso en práctica apuntó al 30 por ciento de los cargos políticos, aunque, en este caso, no se dieron a conocer de cuántos puestos se están hablando ni el ahorro económico.
En sus distintos discursos, Orrego ha venido remarcando que su gestión va a ser austera y que van a eficientizar el gasto. Incluso, en campaña, en su equipo ya venían hablando que iban a revisar las contrataciones de personal y las incorporaciones a planta permanente. En un comunicado y el propio Gobernador explicó que se anularán (desde hoy mismo) las designaciones a planta permanente de todas aquellas personas que no hayan cumplido los seis meses como efectivas. Para ello, se basaron en el artículo 46 de la Constitución, el cual señala que «ningún empleado de la provincia, con más de seis meses consecutivos de servicio, puede ser separado de su cargo». Inclusive, señalaron que también se «invalidarán los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses», no hayan registrado «un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo».
La gestión uñaquista encaró el año pasado el traspaso de 1.959 contratados a planta permanente, los que fueron ingresando de manera paulatina. Por eso, de ese total, el equipo de Orrego está revisando el personal que no cumplió con el plazo exigido por la carta magna.
Luego, están los trabajadores que vienen con los llamados contratos administrativos de servicio de colaboración, los que están divididos en tres categorías: servicios generales (maestranza, por ejemplo), administrativos y profesionales. De acuerdo a los últimos datos, son unos 4.000 empleados, cuyos contratos se firman anualmente y se renuevan, generalmente, por el mismo plazo. En ese punto, el Gobernador decidió que se le dará de baja a la extensión de las contrataciones realizadas este año por la administración uñaquista.
El número del proceso de traspaso a planta permanente y el de trabajadores temporarios da un total cercano a los 6.000, por lo que en el gobierno orreguista están analizando las cantidades, al punto que el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, no descartó que las bajas sean mayores a los 2.000 que anunciaron. Inclusive, el titular de la cartera económica se refirió al posteo que realizó la exministra de Hacienda, Marisa López, el cual fue compartido por el exgobernador Sergio Uñac, en el que brindó datos sobre cómo dejó las cuentas provinciales. Fue una respuesta al propio Orrego, quien había dicho que la situación de la provincia es «compleja» (ver recuadro).
En el comunicado, la actual gestión resaltó que «el Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia». En el acto de juramento al nuevo jefe de Policía, Eduardo Lirola, el Gobernador agregó que «no es lo mismo una persona que no ha trabajado en una repartición pública y es nombrada de un día para otro, que aquellas que tienen un tiempo largo». Así, habrá una comisión para analizar casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación, «a fin de garantizar los derechos de los mismos». Para sostener la medida, Orrego también mencionó la Ley de Responsabilidad Fiscal (ver dato).
