Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denuncia incumplimientos por parte de las empresas de transporte agrupadas en ATAP, desde el sector empresarial aseguran que la situación no es tan sencilla como plantea el gremio. Ricardo Salva, representante de ATAP, explicó tras la audiencia celebrada este lunes que existen diferencias en la interpretación del acta firmada el pasado 29 de mayo y que, además, las empresas no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el aumento salarial en los plazos exigidos.
“Si bien se firmó un acta, no tiene una sola cláusula. Ellos toman solo una parte del texto y no consideran el resto. Es un tema de interpretación”, sostuvo Salva en diálogo con Diario Móvil. Y agregó: “Vamos a intentar llegar a una interpretación común y buscar una solución”.
Respecto a los descuentos aplicados tras el paro del 6 de mayo, Salva confirmó que se descontó el día junto con el proporcional del presentismo. Sin embargo, remarcó que esa no es la raíz del conflicto, que tiene como eje la falta de fondos para afrontar los pagos.
El dirigente empresarial explicó que las empresas no pudieron pagar los aumentos establecidos en la nueva escala salarial porque, según lo que les transmitió el Gobierno provincial, los incrementos comenzarían a aplicarse recién a partir de julio, con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario desde el cuarto día hábil de agosto. “Eso es lo que nos dijeron. Pero el acta firmada en Buenos Aires indicaba que el primer pago debía hacerse en junio”, precisó.
En ese sentido, señaló que ya en mayo venían alertando sobre esta situación y que, al no encontrar una respuesta, se llegó a este escenario de conflicto. “Nuestra propuesta en la audiencia será asumir los pagos desde julio, cuando rija el nuevo cuadro tarifario anunciado por la provincia”, anticipó.
Salva también confirmó que el Gobierno de San Juan está cumpliendo con el pago de las compensaciones tarifarias, aunque reconoció que hay demoras administrativas en otros conceptos, como los transbordos o el Boleto Escolar Gratuito.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el gremio acepte postergar el aumento, respondió con cautela: “No lo sabemos. Vamos a plantear lo que está dentro de las posibilidades reales de las empresas y veremos qué se decide”.
Así, mientras desde la UTA sostienen que los empresarios “no cumplieron con nada” y cuestionan la legalidad de la conciliación obligatoria, en ATAP argumentan que el conflicto surge por diferencias en la interpretación del acuerdo firmado y por una falta de recursos que esperan subsanar con la actualización tarifaria prevista para el próximo mes.
