El Gobierno de San Juan avanza en la actualización de la tarifa del transporte público, un ajuste que quedó pendiente desde julio y que recién se definirá en los primeros días de 2026. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que no habrá incrementos en diciembre y que la suba llegará en enero, una vez que concluya el análisis técnico de costos. “En diciembre no habrá variaciones. Seguramente el incremento llegará en enero”, puntualizó.
Los equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y Transporte trabajan desde hace semanas revisando la estructura de costos del sistema. Palma explicó que el porcentaje final aún no está definido: “Depende de muchos factores”. Entre ellos mencionó los recientes acuerdos paritarios, el aumento del dólar —que impacta en repuestos e incorporación de unidades— y el incremento del combustible. “La tarifa está congelada desde julio, pero los costos se movieron en todas direcciones”, enfatizó.
Según estimaciones preliminares, la Primera Sección podría subir de $810 a entre $1.000 y $1.100. Esto representa una actualización de entre 23,46% y 35,80%, variación que dependerá del nivel de subsidios que mantenga la Provincia. Actualmente, el Gobierno destina entre $3.200 y $3.600 millones mensuales en compensaciones para evitar que el usuario pague el costo pleno del servicio.
En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca el tratamiento de la nueva Ley de Transporte, que implicará un rediseño profundo del sistema. “Si se aprueba, va a ser un antes y un después”, aseguró Palma, vinculando la futura normativa con el esquema tarifario a implementar.
Aun con el incremento proyectado para 2026, San Juan se mantendrá entre las provincias con boleto urbano más accesible del país. Según el ranking elaborado por AAETA, la tarifa local de $810 ocupa el puesto 54 entre 64 jurisdicciones.
Durante la conferencia, la ministra también confirmó la continuidad del boleto estudiantil gratuito y del boleto docente gratuito para 2026. “Nuestra idea es darle continuidad. No es una medida política, es una política de Estado”, remarcó. De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos meses se registraron 3 millones de viajes con este beneficio, con una inversión provincial cercana a $900 millones. Aunque la cantidad de estudiantes habilitados no creció, sí aumentó el nivel de uso, lo que encendió alertas sobre posibles irregularidades.
“Puede haber abusos. Puede ser que haya personas que no utilizaban el servicio y ahora lo usan, o que exista un mal uso”, reconoció Palma, adelantando que en 2026 se aplicarán controles más estrictos.
Uno de los cambios centrales será la obligatoriedad de que cada alumno tenga su tarjeta SUBE registrada. “El año que viene va a ser un requisito esencial. Si una familia tiene cuatro hijos que utilizan el boleto escolar, deberá tener una SUBE para cada uno”, explicó. Sobre posibles modificaciones en las credenciales estudiantiles, sostuvo que será un tema a evaluar durante los próximos meses.
