El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció un cambio de fuerte impacto: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada el pasado viernes con 44 votos afirmativos y 27 negativos, en una sesión extensa y atravesada por un intenso debate político.
La reforma actualiza un esquema legal que llevaba décadas sin modificaciones y fue impulsada por el Gobierno nacional como parte de su política en materia de seguridad. Desde el oficialismo sostuvieron que la medida responde a una demanda social frente a delitos cometidos por menores y que apunta a establecer un marco de responsabilidad acorde a la realidad actual.
En ese contexto, el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, representante de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto con su voto positivo, en sintonía con la postura del Ejecutivo nacional.
Por el contrario, los legisladores de Unión por la Patria por San Juan, Sergio Uñac y María Celeste Giménez, rechazaron la propuesta. Desde ese espacio argumentaron que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución efectiva al problema del delito juvenil y advirtieron sobre posibles contradicciones con tratados internacionales vinculados a los derechos del niño.
La discusión dejó en evidencia dos miradas claramente enfrentadas. Mientras el oficialismo y sus aliados pusieron el foco en la responsabilidad individual y la necesidad de reforzar herramientas legales frente a hechos delictivos graves, la oposición remarcó la importancia de fortalecer políticas de prevención, inclusión social y contención, además de cuestionar la constitucionalidad de la reforma.
Con la sanción definitiva, el nuevo Régimen Penal Juvenil abre una etapa distinta en el abordaje legal de los delitos cometidos por adolescentes en Argentina y anticipa un escenario de debate que continuará tanto en el plano judicial como en el político.
