El director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, se presentó ayer en la Justicia y radicó una denuncia por una movida irregular dentro de su repartición. Según confirmaron fuentes judiciales a Diario de Cuyo, las autoridades pusieron los ojos sobre un agente contratado, luego de que detectaran y fueran alertados de que esta persona había comenzado a pedir dinero para adjudicar casas en barrios que se estaban por entregar. Por el momento, serían unos 30 los damnificados, quienes realizaron aportes de entre 160 mil y 300 mil pesos por operación, por lo que se estima que el monto en juego rondaría entre los 4,8 millones y 9 millones de pesos. La denuncia recayó en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, la cual ya se encuentra abocada a la causa, indicaron las fuentes.
Si bien no trascendieron detalles de la maniobra ni el nombre de la persona involucrada, quedó confirmado que hay víctimas que denunciaron que entregaron el monto pedido por el contratado en el mismo edificio del Centro Cívico, ya sea en el área de Adjudicaciones como en la planta baja. Además, otras operaciones se habrían concretado en los domicilios particulares de los damnificados. Por otro lado, se conoció que el martes, al menos tres personas presentaron una denuncia contra el empleado en la Fiscalía de Instrucción de turno, la que fue en la misma línea que el planteo de Yornet, por lo que dicho expediente fue remitido a la UFI Delitos Especiales.
Según indicaron las fuentes, los montos requeridos para adjudicar una vivienda del IPV fueron diferentes para cada damnificado y dependió en qué momento se produjo el contacto con el contratado. Así, en principio, se trataría de un procedimiento que no ocurrió en una sola oportunidad sino en varias y en distintos meses. Esto es, que la persona ahora en la mira de la Justicia habría comenzado a requerir valores de unos 160 mil pesos para beneficiar a un grupo familiar y luego lo incrementó con el paso del tiempo, hasta llegar a los 300 mil. Los hechos terminaron de salir a la luz cuando las personas que entregaron el dinero presentaron una queja formal ante las autoridades del IPV.
