Un nuevo proyecto legislativo será ingresado en la Cámara de Diputados de San Juan con el objetivo de establecer límites más estrictos para el ingreso y la permanencia en cargos públicos. La iniciativa, elaborada por el diputado Leopoldo Soler, propone inhabilitar para trabajar en el Estado a toda persona que mantenga una deuda por cuota alimentaria o cuente con una condena firme por delitos vinculados a la violencia de género. La prohibición también alcanzaría a contratistas y proveedores del Estado.
En diálogo con Radio Sarmiento, Soler explicó que la propuesta «no se limita a cargos electivos», sino que abarca también a quienes desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a quienes mantengan vínculos contractuales con la administración pública. Según el legislador, el proyecto responde a una “preocupación personal y social” y busca dar una señal clara ante conductas que persisten pese a los mecanismos institucionales existentes.
El texto prevé que serán alcanzadas por esta inhabilitación todas aquellas personas registradas oficialmente como deudores alimentarios o con sentencias firmes por delitos contra la integridad sexual, violencia física o psicológica en contextos de género. La restricción se mantendría mientras perdure la situación legal, ya sea una deuda activa o una condena no cumplida.
En cuanto a la aplicación, el proyecto contempla dos niveles de control: uno judicial, para los casos con fallos o registros penales, y otro administrativo, que obligará a los organismos estatales a verificar antecedentes antes de realizar contrataciones o designaciones. “Apuntamos a que quienes tienen la responsabilidad de contratar o designar asuman también el deber de revisar estos antecedentes”, señaló Soler.
El legislador justificó la propuesta como una forma de promover una “coherencia institucional”, asegurando que el Estado no debe premiar ni habilitar a quienes incumplen deberes fundamentales como alimentar a sus hijos o respetar la integridad de los demás. Además, reveló que el proyecto fue impulsado no solo por datos oficiales, sino también por una experiencia personal cercana que lo motivó a transformar esa vivencia en una acción legislativa.
La iniciativa será debatida en los próximos días y, de aprobarse, podría sentar un precedente importante en la regulación del acceso a funciones públicas en la provincia.
