El Colegio de Psicólogos de San Juan anunció que esta semana presentará denuncias formales ante la Fiscalía penal por ejercicio ilegal de la psicología. Las acciones estarán dirigidas contra tres personas, entre ellas el español Carlos Fernández, quien está implicado en uno de los mayores fraudes judiciales en España.
En declaraciones radiales, Gema Galván, referente del Colegio, manifestó su preocupación por el aumento de casos de personas que se presentan como “psicólogos”, “psicólogos sociales” o “licenciados en psicología” sin poseer el título universitario ni matrícula habilitante.
“No se trata de persecución, sino de advertir que personas sin título están exponiendo a la población a consecuencias graves”, afirmó Galván.
Según el Colegio, este tipo de prácticas se ha incrementado en los últimos años, generando riesgos serios para quienes buscan asistencia en salud mental.
En el caso de Carlos Fernández, el profesional llegó a San Juan tras evadir la justicia española. Si bien posee matrícula en España, nunca homologó sus títulos en Argentina ni presentó la documentación correspondiente para ejercer legalmente.
Además, fuentes de la delegación sanjuanina de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) confirmaron a Telesol Diario que Fernández no está registrado en esa entidad, ni figura en la lista de coaches acreditados por la International Coach Federation (ICF).
Durante su estadía en la provincia, Fernández se presentó como “psicólogo” y “coach”, e incluso atendió a personas y parejas reconocidas públicamente, lo que encendió alarmas en el ámbito profesional local. En sus redes sociales, también se promociona con títulos que no están reconocidos oficialmente en el país.
Desde el Colegio de Psicólogos advirtieron que, aunque Fernández intente evitar sanciones cambiando de título, su intervención en la salud mental sin la formación ni habilitación adecuadas constituye un riesgo grave para la comunidad.
La presentación judicial busca proteger a los pacientes y garantizar que la atención psicológica sea brindada por profesionales capacitados y matriculados, en cumplimiento de la ley y en defensa del ejercicio ético de la profesión.
