Las autoridades provinciales analizan nuevas medidas para intentar poner un freno a la ola de falsas amenazas de bomba en edificios públicos, un fenómeno que parece no tener fin. Una de las alternativas que está sobre la mesa es limitar su difusión pública para evitar el efecto “contagio”, según señaló el fiscal de Estado, Sebastián Dávila.
En la última semana se registraron nueve llamados falsos que obligaron a la evacuación de escuelas y del Centro Cívico, además del despliegue de fuerzas de seguridad. Pese a que Fiscalía de Estado inició demandas civiles contra los autores, los episodios no cesan.
Dávila explicó, en diálogo con radio Light, que en otras provincias como Córdoba la decisión de no difundir públicamente cada caso ayudó a disminuir la cantidad de llamados. “Una medida como esta le corresponde a la Secretaría de Seguridad y otras áreas con quienes trabajamos en conjunto, codo a codo, para tratar de solucionar esto. Nosotros creemos que la difusión está resultando un poco perjudicial, es como que alienta, que se repita. Habría que probar con otras alternativas”, sostuvo.
Demandas civiles millonarias
Durante la mañana de este viernes, Fiscalía de Estado presentará al menos tres demandas civiles: una contra el hombre que llamó en la previa del recital de Lali en el estadio Aldo Cantoni, y otras dos contra menores de edad que realizaron llamados a instituciones educativas (casos que no fueron detallados por tratarse de menores).
La base de cada demanda es de 4 millones de pesos, aunque el monto final se calcula según los costos del operativo desplegado y los daños ocasionados por la paralización de las actividades estatales.
“La paralización del funcionamiento del Estado genera costos. La paralización de horas de escuela, el trabajo en el Centro Cívico o el hospital genera un daño irreversible porque es un tiempo perdido y un daño moral colectivo”, explicó Dávila.
