El juez de Impugnación, Eduardo Raed, resolvió este lunes confirmar el fallo que había dictado el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente de 16 años que falleció en un siniestro vial en octubre de 2023.
La decisión fue adoptada tras el recurso de apelación presentado por la querella, a cargo del abogado Marcelo Fernández, que cuestionaba el fallo de primera instancia dictado por el juez de Garantías Javier Figuerola en mayo pasado. En aquella resolución, la Justicia entendió que Echegaray había frenado a tiempo para evitar el choque con otro vehículo y que no había desviado su trayectoria, tal como lo sostuvieron las pericias.
El accidente ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2023 en el Barrio Profesional de Rivadavia, cuando Echegaray, entonces de 18 años, conducía una camioneta Toyota Hilux. Según testigos, al encontrarse de frente con un Renault Sandero manejado por un menor de edad, no habría frenado lo suficiente, lo que obligó al otro conductor a maniobrar y terminó atropellando a Lucía, provocándole la muerte.
Tras el sobreseimiento inicial, la familia de la víctima apeló el fallo alegando arbitrariedad en la valoración de las pruebas. Sin embargo, el trámite judicial se demoró debido a que seis jueces de Impugnación se apartaron de la causa por tener vínculos con alguna de las partes. Finalmente, el expediente quedó a cargo de Raed, quien ratificó el sobreseimiento y dejó firme la resolución.
El abogado Fernández confirmó a este medio que la familia fue notificada del fallo y que se evaluará presentar un nuevo recurso, esta vez ante la Corte de Justicia de San Juan, última instancia para revisar la decisión.
La otra causa pendiente contra Echegaray
Más allá de esta resolución, Echegaray continúa vinculado a otra investigación: la presunta participación en picadas ilegales esa misma noche, previas al siniestro que causó la muerte de Rubiño.
En la audiencia de control de acusación, suspendida hasta que se resolviera la impugnación, quedó planteado que si el sobreseimiento se mantiene firme, la familia de Lucía no podrá constituirse como querellante en esa causa. Esto implicaría que no tendrán posibilidad de aportar pruebas ni solicitar sanciones contra el imputado.