La Justicia sanjuanina investiga un caso de presunta violencia institucional que conmociona por su brutalidad y gravedad. Todo comenzó en la madrugada del 1 de julio, cuando un joven con antecedentes por consumo problemático fue detenido por efectivos de la Seccional 6ta sin que existiera una contravención concreta que justificara su aprehensión.
Según detalló el fiscal Iván Grassi, quien conduce la investigación, la víctima fue trasladada a la comisaría de manera irregular, sin una causa legal. Lo que sucedió luego lo dejó al borde de la muerte: fue encontrado dentro de la dependencia convulsionando, semidesnudo y con signos evidentes de haber sido ferozmente golpeado.
El informe médico reveló que el joven sufrió fractura de cráneo, rotura de tímpano y daño cerebral severo. A pesar de ese estado, pasaron más de nueve horas antes de que fuera derivado a un hospital.
«Estamos ante un hecho de una gravedad institucional enorme», señaló el fiscal en declaraciones a radio Mil20. “Se lo detuvo por una contravención inexistente, lo golpearon estando bajo custodia y mintieron en el acta policial para justificar la detención”.
Los registros de las cámaras de seguridad de la comisaría captaron parte del episodio. Se observa que el joven se resiste a desnudarse —una exigencia del protocolo— en una madrugada extremadamente fría. Luego, fue trasladado en ropa interior a una zona sin cámaras, donde habría ocurrido la golpiza más violenta.
Posteriormente, fue llevado brevemente a la rotonda de Rawson, donde se le realizó una revisión superficial. Sin embargo, fue devuelto a la celda, y recién tras la insistencia de la familia se decidió su traslado al hospital.
Tres policías ya fueron detenidos e imputados. Uno de ellos está señalado como autor directo de la agresión, mientras que los otros dos enfrentan cargos por omisión, al haber presenciado el ataque sin intervenir.
Además, la Fiscalía analiza imputar a otros dos funcionarios por encubrimiento y falsificación de documentos públicos, ya que en el acta policial se registraron hechos que, según los testigos, nunca ocurrieron.
Grassi no descartó que los efectivos hayan intentado convencer al personal médico de que el joven estaba bajo los efectos de sustancias para justificar su estado.
El expediente, que podría extenderse por al menos ocho meses, está en plena etapa de recolección de pruebas. La pena por los delitos imputados puede oscilar entre tres y diez años de prisión, aunque el número de imputados podría aumentar si se confirma la participación u omisión de otros funcionarios esa noche.
“Hubo policías que vieron lo que pasaba, que escucharon a los contraventores decir que lo estaban golpeando, y no hicieron nada. Eso también tiene consecuencias”, advirtió Grassi.
El caso apenas empieza a mostrar la dimensión del entramado institucional que dejó a un joven en estado crítico, en un hecho que pone una vez más en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad y el respeto por los derechos humanos.
