El Gobierno nacional modificó la definición de proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, establece que podrán encuadrarse como tales las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en la Argentina, sin que la nacionalidad de sus accionistas o la composición de su capital social sean un impedimento por sí mismas.

La norma también incluye a las personas humanas con domicilio fiscal en el país. En ambos casos, deberán prestar servicios o proveer bienes destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen.

Para los bienes, la radicación del proveedor no será el único requisito: deberán cumplir los criterios de origen nacional contemplados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación precisará la metodología para determinar ese origen.

Los fundamentos del decreto señalan que el cambio busca favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos alcanzados por el RIGI. La medida entró en vigencia el día de su publicación.

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