La Corte Suprema confirmó una sentencia que obliga al Estado nacional a entregar los reportes de resultados de las escuelas e instituciones de Salta que participaron de los operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. La decisión, adoptada por mayoría, resolvió un reclamo de acceso a la información pública de Rafael Aurelio Argañaraz Olivero.

El Estado se había opuesto a difundir los datos por establecimiento con el argumento de que podían favorecer rankings y estigmatizar a estudiantes y docentes. La Cámara Federal de Salta había ordenado entregar los reportes y el máximo tribunal mantuvo esa solución.

Según el resumen oficial del fallo, la mayoría consideró que el Gobierno no demostró de manera concreta que la divulgación solicitada afectara la dignidad, la reputación o la intimidad de las personas. También sostuvo que conocer los resultados es una herramienta de control social para evaluar las políticas educativas y reclamar medidas que mejoren los aprendizajes.

La decisión no habilita a exponer información personal de alumnos ni docentes: la Corte dejó expresamente a salvo su intimidad y honor. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y defendió la razonabilidad de las restricciones para prevenir la estigmatización. El caso se refiere a las evaluaciones identificadas de Salta, no a una orden general para publicar cualquier dato educativo del país.