El fiscal de Estado confirmó que el Gobierno es querellante y no descartó que se investigue un atentado contra la salud pública.
La investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo que eleva la tensión del caso. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que la Provincia ya se constituyó como parte querellante y trabaja de manera paralela con los fiscales, con el objetivo de proteger el patrimonio público y determinar si existió algún delito.
En declaraciones a la prensa, Dávila se mostró prudente respecto al informe técnico que puso en duda la calidad de las cañerías utilizadas en la obra. “Sería muy aventurado emitir una conclusión”, señaló, aunque reconoció que el documento representa “un indicio” dentro de una investigación más amplia que aún debe reunir múltiples pruebas.
Sin embargo, el funcionario dejó abierta una hipótesis que encendió las alarmas. Advirtió que, en caso de comprobarse el uso de materiales no aptos para agua potable, podría tratarse de “la tentativa de un delito contra la salud pública”, una figura de extrema gravedad. “Atentar contra la salud pública es un delito grave, más aún cuando generalmente se vincula con otros delitos”, remarcó.
El fiscal evitó señalar responsables concretos, pero dejó en claro que la investigación deberá reconstruir todo el proceso de la obra, incluyendo decisiones adoptadas durante la gestión anterior. “El alcance de las responsabilidades surgirá de las pruebas que se recolecten”, explicó.
Uno de los aspectos clave del expediente es su complejidad técnica. Dávila sostuvo que no se puede basar el análisis en un solo informe y que será necesario contrastar distintos estudios y peritajes especializados para llegar a conclusiones firmes.
En cuanto a la documentación, aseguró que la mayor parte de la prueba está resguardada, aunque no descartó posibles irregularidades. “No quita que en algún momento haya desaparecido algo y eso deba acreditarse”, indicó.
La causa, que ya cuenta con un importante volumen de documentación, avanza con tiempos propios y demandará un trabajo exhaustivo. “No es un proceso habitual, implicará más tiempo y mayor carga de trabajo”, reconoció.
Finalmente, Dávila reafirmó el compromiso del Estado en la investigación: “Como querellante vamos a defender el patrimonio de la provincia… no podemos hacer la vista gorda”, concluyó, anticipando que continuarán aportando pruebas a medida que avance el caso.
